El director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Ezio Costa, analiza en esta entrevista los últimos acontecimientos judiciales en torno al megaproyecto minero portuario que la empresa Andes Iron busca instalar en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo. Entre otros puntos, reitera su cuestionamiento al Primer Tribunal Ambiental y a la estrategia comunicacional de Andes Iron. Además, subraya que “hay lugares que son protegidos, que tienen un valor ambiental, un sistema de vida de las personas que habitan ahí, que no pueden ser intervenidos por proyectos como este”.

Por Claudia Maldonado Caballero

En septiembre se cumplirán 12 años desde que la empresa Andes Iron inició los trámites de su megaproyecto minero portuario Dominga en el Sistema de Evaluación Ambiental. En todo este tiempo, el proyecto no solo ha tenido avances y retrocesos dentro de dicho sistema -incluidos tres rechazos y una aprobación por parte del Comité de Ministros para la Sustentabilidad-, sino que además ha llegado a diferentes instancias judiciales del país, en más de una ocasión en algunas de ellas.

El último episodio de esta larga tramitación ocurrió hace seis días, cuando el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencia planteada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, en contra del Primer Tribunal Ambiental (1TA). El SEA alegó que no tenía las competencias para cumplir con la sentencia que el 1TA emitió el 18 de febrero pasado, ordenando al Servicio modificar la resolución del Comité de Ministros de enero de este año, que rechazó una vez más el proyecto Dominga.

Este último fallo del Tribunal Constitucional fue interpretado por la empresa Andes Iron como una resolución que “refuerza la legitimidad y certeza jurídica que permiten avanzar en la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para su construcción [de Dominga]”. Además, acusó al gobierno de llevar adelante una estrategia “dilatoria y obstruccionista” en contra del megaproyecto que pretende instalar en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

A su vez, la Alianza Humboldt, que reúne a más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que buscan proteger los ecosistemas de las zonas donde se realizaría la explotación minera y el puerto para sacar el mineral, lamentó el fallo del TC y dijo que “pone en tela de juicio el funcionamiento de la institucionalidad ambiental”. La coalición busca crear conciencia sobre el irreparable daño que el proyecto produciría en los ecosistemas de la zona, donde destaca el Archipiélago de Humboldt, cuya biodiversidad es única, frágil y valorada a nivel internacional, lo que además favorece el turismo.

Una de las entidades que integran la Alianza Humboldt es la ONG FIMA, dedicada principalmente a la justicia ambiental. El director ejecutivo de FIMA, el abogado y doctor en Derecho Ezio Costa Cordella, ha seguido muy de cerca el caso Dominga, e incluso tomó parte en los alegatos ante el Primer Tribunal Ambiental en representación de la organización de conservación marina Oceana, en el litigio cuya resolución desató las últimas actuaciones del Comité de Ministros, incluido el recurso ante el TC.

Para conocer qué es lo que sigue en materia legal con respecto a Dominga, así como su opinión sobre este proyecto y las últimas declaraciones de Andes Iron, entre otros asuntos, País Circular conversó con Ezio Costa, quien es subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

“Muchas voces en todo este proceso hablan sin conocimiento alguno del tema, simplemente defendiendo al proyecto porque es un proyecto. Como que el solo hecho de que existiera dinero de por medio lo hace bueno. Y eso no es así”. Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA.

-Luego del fallo del TC, ¿cuáles son las instancias judiciales que están pendientes y qué se puede esperar de ellas (en cuanto a plazos, decisiones, etc.)?

El proyecto tiene todavía varios procedimientos pendientes. Después del último fallo del  Primer Tribunal Ambiental, se produjo una nueva resolución del Comité de Ministros. Esa resolución fue reclamada por las comunidades y eso se encuentra en el Segundo Tribunal Ambiental.

En paralelo a eso, se presentaron recursos de casación frente a la sentencia del Primer Tribunal Ambiental. Y eso está pendiente en la Corte Suprema. Y además, se presentaron recursos de apelación que están pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Están todos esos procesos pendientes y falta que se resuelvan todos ellos para saber cuál es la situación y si se mantiene el rechazo que ha tenido el proyecto.

Sobre los plazos no es posible saber, porque depende de cuáles sean las decisiones, cuáles sean las reclamaciones que se produzcan después. Por lo tanto, podemos estar algunos años más con este caso.

-Andes Iron ha dicho que el fallo del TC es una “luz verde” para el proyecto que, según ellos, “cuenta con todos los permisos ambientales y autorizaciones legales necesarias para el inicio de la construcción” ¿Qué puede señalar al respecto?

En general, las declaraciones de Andes Iron tienden a tratar de desinformar. Eso creo que es algo importante de tener en cuenta. Han tenido campañas comunicacionales que son principalmente basadas en esta lógica de decir cuestiones que no son reales respecto de su proyecto. Por lo tanto, no me llama la atención que digan que el fallo del TC es una luz verde. No lo es para nada.

Es simplemente una decisión del TC respecto de quién tiene que tomar una decisión o no entre el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental, que además ni siquiera el Tribunal Constitucional decide eso, sino que lo que hace es señalar que no es el procedimiento adecuado el que se presentó y, por lo tanto, no puede decidir respecto de eso.

-Ud. ha calificado como “ilegal” el actuar del Primer Tribunal Ambiental, ¿por qué?

El actuar del Primer Tribunal Ambiental es ilegal puesto que sobrepasa sus funciones del artículo 30 de la Ley 20.600 [que crea los Tribunales Ambientales]. Eso es algo que hemos señalado ya varias veces. Está puesto en los recursos legales que corresponde.

El artículo 30 autoriza al Tribunal Ambiental a anular una decisión del Comité de Ministros y eso es lo que siempre han hecho los Tribunales Ambientales. En este caso en particular, de manera muy extraña, el Primer Tribunal Ambiental resolvió sobrepasar ese límite y en la práctica intentar aprobar el proyecto. Y eso es algo que no puede hacer el Tribunal Ambiental.

Se discutió expresamente cuando se crearon los Tribunales Ambientales si esta era una función que podían tener o no, y expresamente se estableció que no, que los Tribunales Ambientales no son los organismos que aprueban o rechazan proyectos. Son organismos que revisan la legalidad de las resoluciones del Comité de Ministros. En este caso, no sabemos las razones por las cuales el Tribunal Ambiental decide tomar un camino distinto del que la ley le permite.

“Se les está dando un poder a los Tribunales Ambientales que no corresponde a ese organismo, y se le está dando de hecho. Eso es una falla del derecho, una falla de la justicia finalmente”. Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA.

-En su declaración tras conocerse el fallo del TC la Alianza Humboldt dijo que “la justicia ambiental de nuestro país ha fracasado” ¿A qué se debe esta afirmación tan categórica?

La verdad es que en nuestro país claramente la normativa y las instituciones están cargadas hacia los intereses económicos de quienes llevan adelante proyectos de inversión, y tienen muy poco respeto por los derechos de las personas, muy poco respeto por el futuro del medioambiente en el país también. Eso es una cuestión estructural que ha sido investigada y levantada decenas de veces, no solamente por las organizaciones que participan de la Alianza Humboldt, sino que por una serie de otras organizaciones, académicos, etc.

En este caso en particular, esa declaración quizás no está particularmente en línea con la resolución del Tribunal Constitucional, pero hasta ahora sí está en línea con lo que hizo el Primer Tribunal Ambiental. Ese es el verdadero problema aquí.

En el caso del Tribunal Constitucional esperamos que, si no lo hizo ahora, lo haga en el futuro cercano: tiene que corregir la manera en que se han llevado adelante los procedimientos ambientales, porque precisamente tener un tribunal que además tiene jueces que no son jueces de carrera, sino que son personas nombradas para ese cargo temporalmente, que pueda tomar este tipo de decisiones no parece algo razonable y por eso mismo la ley no lo permite.

Ahí es donde está la falla hoy en día de la justicia ambiental. Hay también otras cosas pendientes respecto de la tramitación judicial, de las reclamaciones, que es importante revisar. Insisto, creo que hay algunas cosas que quizás pueden ser materia de ley, pero en general también son cosas que creo que el Tribunal Constitucional podría solucionar en el futuro cercano, particularmente cómo se aplica el artículo 30 y cómo se aplica el artículo 26, que es el de las casaciones y las apelaciones. La Corte Suprema ha estado declarando inadmisibles las casaciones, entonces está siendo imposible también revisar las sentencias de los Tribunales Ambientales. Se les está dando un poder a los Tribunales Ambientales que no corresponde a ese organismo y se le está dando de hecho. Eso es una falla del derecho, una falla de la justicia finalmente.

-En su comunicado tras el fallo del TC, Andes Iron acusó que se están destinando recursos de Estado “para intentar bloquear el proyecto”, y que esto “contradice el principio de igualdad ante la ley” ¿Qué opina de esas declaraciones?

Como decía, Andes Iron en general tiene una campaña comunicacional que se basa en desinformar y exagerar información.

Los recursos del Estado para resolver sus resoluciones siempre se utilizan para eso. Lo normal -y esto es una de las fallas de la justicia ambiental- es que las personas y comunidades que están en contra de un proyecto que interviene en su territorio tengan que enfrentarse al Estado y a las grandes empresas al mismo tiempo.

Y esto se pueden ir a ver a todos los expedientes del Tribunal Ambiental, que se cuentan por centenas los casos en los cuales una comunidad, con abogados locales o de una ONG -porque tampoco hay un servicio del Estado que les preste ayuda-, tratan de defender sus derechos y al frente tienen a un gran estudio de abogados, una empresa multimillonaria, y al Estado. En esos casos a mí me parece que el Estado ni siquiera debería intervenir, pero interviene en todos esos casos.

Entonces, que ahora se diga que porque en uno de los muy pocos casos en que se rechaza un proyecto, el Estado también hace su trabajo, hay un desvío de recursos públicos, me parece una declaración desafortunada, oportunista, y que no tiene mucho sentido, la verdad.

“En nuestro país claramente la normativa y las instituciones están cargadas hacia los intereses económicos de quienes llevan adelante proyectos de inversión, y tienen muy poco respeto por los derechos de las personas, muy poco respeto por el futuro del medioambiente en el país”. Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA.

-De acuerdo a su análisis, ¿qué tan probable es que finalmente se concrete el proyecto Dominga?

Creo que es poco probable que se concreta el proyecto Dominga, es un proyecto fallido desde el comienzo, un proyecto que enciende la resistencia local, un proyecto que tiene poca viabilidad desde muchos puntos de vista, y creo que no se va a concretar.

Ya ha sido tres veces rechazado; la manera que han tenido de defenderlo ha sido de manera muy agresiva, comunicacionalmente, políticamente, no es un proyecto que técnicamente sea viable.

Espero que el tiempo me dé la razón. Creo que este Proyecto Dominga nunca va a ver la luz.

-¿Qué reflexión hace en torno a la extensa y judicializada tramitación de este proyecto?

Me gustaría relevar que hay que mirar cómo la tramitación de este proyecto -que es uno más dentro de los cientos de proyectos que se presentan en Chile todos los años-, es sintomática de una dificultad o una casi imposibilidad del sistema político y administrativo de rechazar lo que las personas con mucho dinero quieren hacer.

Basta con que unos inversionistas como estos, de Andes Iron, quieran hacer un proyecto de este tipo para que muevan a los sectores productivos, a la prensa, a su favor, porque se rechaza un proyecto que es un proyecto minero al lado de una Reserva Nacional, no estamos hablando de cualquier proyecto. Muchas voces en todo este proceso hablan sin conocimiento alguno del tema, simplemente defendiendo al proyecto porque es un proyecto. Como que el solo hecho de que existiera dinero de por medio lo hace bueno. Y eso no es así, los proyectos hay que mirarlos uno a uno. Hay otros valores, hay valores de protección de las personas, de los modos de vida, del medio ambiente, y todo eso, a la luz de la discusión pública, queda bastante velado frente a la simple oportunidad de generar una extracción de minerales y los ingresos que eso significa.

Creo que ni siquiera es un proyecto tan grande comparativamente, y sin embargo se moviliza a muchísimo poder tras de él por el solo hecho de que, desde el punto de vista de las personas que apoyan a Dominga, no se concibe que existan lugares donde no pueden intervenir, y este es el gran punto de todo esto. Hay lugares, que son lugares protegidos, que tienen un valor ambiental, un sistema de vida de las personas que habitan ahí, que no pueden ser intervenidos por proyectos como este, y eso se les ha hecho imposible de escuchar. No lo han tolerado, no han permitido que se mantenga una decisión que ya se ha tomado tres veces, en gobiernos distintos, que rechaza el proyecto porque no es viable en el lugar. Han hecho todo lo que está a su alcance para revertir esa situación, incluso presentando la información de manera de ponerse en una posición de víctima, cuando han sido ellos los que han judicializado esto y lo han alargado infinitamente. Si no o hubieran hecho el proyecto ya se podría haber rechazado en 2017 y podríamos haber dejado de hablar de esto ese año, pero la imposibilidad de recibir un no como respuesta, creo que es una cuestión que tenemos que mirar.

Un sistema de evaluación ambiental tiene que poder decir que no. No todos los proyectos van a ser buenos, no todos los proyectos van a ser aprobados. Y en Chile son muy pocos los proyectos que se rechazan, y cada vez que se rechaza alguno se arma una batahola bastante importante. Esta ha sido una de las más grandes, y creo que es importante que miremos la manera en que se evalúan los proyectos y racionalicemos el hecho de que algunos proyectos se van a rechazar.

Muchísimos proyectos se aprueban a pesar del daño ambiental que provocan, muchísimos, cientos al año. Cuando uno se rechaza porque ese daño ambiental es intolerable, se arma un coro de voces que pretende posicionar una contradicción absolutamente desproporcionada, donde pareciera que se le dice que no a toda la inversión, cuando en realidad se le está diciendo que no a un proyecto mal formulado en un lugar que no puede ser construido y que, por lo mismo, ha sido rechazado 3 veces y espero que siga siendo rechazado en todas las instancias que vienen.

Fuente: https://www.paiscircular.cl/medio-ambiente/abogado-ezio-costa-sobre-dominga-un-sistema-de-evaluacion-ambiental-tiene-que-poder-decir-que-no-no-todos-los-proyectos-van-a-ser-buenos/