Columna de opinión: Alejandra Donoso Cáceres

 A días de la próxima elección presidencial y parlamentaria, el debate en torno a la temática ambiental se ha reducido a la opinión de algunas candidaturas sobre proyectos actualmente en discusión o al recientemente creado concepto de la “permisología”.

En este escenario, quienes conocemos de cerca la problemática ambiental, vemos con preocupación la simpleza con que se emiten estas declaraciones que, luego, son replicadas a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. ¿Por qué es preocupante? Porque son ideas que descansan sobre errores conceptuales acerca de la democracia y sus instituciones, que amenazan con diseñar un país cuya riqueza se transforme en despojo y ponen en riesgo el Estado de Derecho. 

El Estado de Derecho garantiza que las instituciones funcionen para los fines que fueron creadas: es una cuestión de respeto por el ordenamiento jurídico, de orden público y de democracia. En el caso del SEA, siendo el órgano técnico que evalúa ambientalmente los proyectos de inversión, es preciso que todas las candidaturas se alineen en el respeto por las decisiones de evaluación que ha tomado el órgano, aun cuando haya desacuerdo político, pues no es posible pasar por encima de la ley para obtener un permiso: si un proyecto no alcanza el estándar ambiental adecuado, el proyecto debe ser rechazado. Este es el caso de Dominga. 

Y si su titular insiste en judicializarlo durante más de una década, debemos esperar el pronunciamiento definitivo de la institucionalidad, el que deberá siempre poner al centro los elementos técnico – ambientales que están en juego. Estos elementos, en el Archipiélago de Humboldt, tal como ha señalado reiteradamente la comunidad científica, no toleran la escala del mega proyecto minero portuario Dominga. Así lo dijo la Corte Suprema en su sentencia de septiembre (61461-2024): corresponde esperar la decisión definitiva del Comité de Ministros. Hoy, esa decisión es de rechazo y no fue impugnada por el titular. 

Tras una década de rechazo del proyecto, parece serio abandonar la idea del Estado malévolo y la industria indefensa y reconocer que si el proyecto se encuentra y mantiene rechazado es porque no alcanza un estándar ambiental que lo haga compatible con el territorio que pretende impactar. Esto es cierto, además de por las consideraciones ambientales, especialmente ricas, frágiles y únicas del territorio, porque se trata de un caso ejemplar en que la racionalidad es puesta a prueba: tenemos una fuente inagotable de riqueza, muy frágil, un patrimonio para toda la humanidad. La pregunta es si lo vamos a sacrificar para que una industria destruya el territorio y lo explote durante 25 años. No hay espacio a dudas, pues la 

evaluación ambiental ya lo dijo: los impactos del proyecto no son tolerables para el territorio, no alcanza el estándar necesario para ser aprobado y por eso se encuentra rechazado. 

Si bien Dominga tiene derecho a sostener la discusión largos años, haría bien en considerar presentar un nuevo proyecto a evaluación ambiental, pues el que insisten en revivir, y que ha sido sistemáticamente rechazado, además, se encuentra obsoleto. 

Alejandra Donoso Cáceres  – Abogada 

Directora Ejecutiva de ONG Defensoría Ambiental